La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina, promovida por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso, ha generado una demanda colectiva que ya suma las casi 870.000 adhesiones. Diversas organizaciones denuncian inconstitucionalidad y falta de participación ciudadana.
Argentina: la reforma de la Ley de Glaciares desata una demanda colectiva sin precedentes
El Congreso argentino aprobó una reforma a la Ley de Glaciares que modifica el sistema de protección vigente desde 2010, considerado un referente regional. Según informa elDiario.es en un artículo publicado el 18 de abril de 2026, la norma fue promovida por el gobierno de Javier Milei y salió adelante con 137 votos en la Cámara de Diputados.
El cambio legal traslada competencias a las provincias, permitiendo que cada territorio defina qué zonas del entorno glaciar quedan protegidas y cuáles pueden abrirse a proyectos productivos, lo que ha encendido alertas entre expertos y colectivos sociales.
Organizaciones denuncian falta de participación y conflicto de intereses
Organizaciones como FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas denunciaron que no hubo participación ciudadana efectiva durante el proceso legislativo. El medio digital señala que más de 100.000 personas se inscribieron en audiencias públicas, pero solo unas 300 pudieron intervenir.
Asimismo, se cuestiona la presencia de cargos con intereses vinculados al sector minero, como la senadora Flavia Royón y el diputado Nicolás Massot, quienes participaron en la votación pese a sus relaciones profesionales y empresariales con empresas mineras.
El agua y los glaciares: una reserva estratégica en riesgo
Argentina dispone de una de las mayores reservas de glaciares de América Latina, ecosistemas que regulan el equilibrio hídrico y garantizan el suministro de agua a comunidades, cultivos y economías regionales, especialmente en zonas áridas.
Cabe resaltar que solo el 3% del agua del planeta es dulce y más del 70% de esa cantidad permanece congelada en glaciares. La pérdida de masa detectada en muchos de estos sistemas refuerza la preocupación sobre su conservación ante la nueva normativa.
Respuesta judicial e histórico respaldo ciudadano
La respuesta a la reforma ya se ha trasladado a los tribunales. Las organizaciones impulsoras han iniciado una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar derechos relacionados con el acceso al agua y la protección ambiental. Diego Salas, director de programas de Greenpeace, afirmó al medio que “esta reforma es regresiva e inconstitucional y compromete el acceso al agua de millones de personas”.
Este 22 de abril de 2026, ya sumaba casi 870.000 personas que han respaldado la iniciativa, que sigue sumando apoyos mientras se preparan las primeras resoluciones judiciales.