El pasado viernes 8 de mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó una sentencia clave para el sector minero y ambiental en la Región de Aysén. Tal como informó Diario Sostenible, el tribunal resolvió confirmar la decisión tomada originalmente por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en 2022, respecto a las obligaciones legales de la Minera Pacífico del Sur, operadora del yacimiento El Toqui ubicado en el sector de Alto Mañihuales.
La controversia se remonta cuando Sernageomin sancionó a la compañía por incumplir la Ley 20.551, que obliga a las empresas a constituir garantías financieras para ejecutar los Planes de Cierre de Faenas Mineras. En este sentido, la Corte confirmó que la empresa debe pagar una multa de 5.840 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cifra que actualmente supera los $400 millones, junto con ello debe constituir las garantías adeudadas, las cuales ascienden a más de 320.697 Unidades de Fomento (UF), es decir, una cifra superior a los $12 mil millones, consigna Diario Sostenible.
Desde la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, acusaron la existencia de “prácticas dilatorias” entre Sernageomin y la Minera Pacífico del Sur. El presidente de Codesa, Erwin Sandoval, afirmó: “Después de 19 meses de trámites dilatorios el pasado viernes se rechazó el recurso de la Minera Pacífico del Sur, tiempo que pudo haberse ahorrado la comunidad local, que sigue esperando por estos recursos y medidas urgentes” .
Sandoval añadió que en la tramitación “veníamos acciones de común acuerdo con Sernageomin para retrasar este proceso”. Las garantías que hoy adeuda Minera Pacífico del Sur buscan que, si la empresa incumple las medidas de cierre, sea el Estado el que cuente con los recursos necesarios para ejecutar las medidas y garantizar los derechos de la población.
