Más de 100 investigadores de 40 países publicaron en Ocean Sustainability un llamado a proteger a los defensores del océano. El artículo, firmado por académicos de la Universidad de Chile, la UC y el Observatorio Ciudadano, advierte sobre la criminalización de comunidades costeras y respalda los ECMPO de la Patagonia chilena frente a las presiones para debilitar la Ley Lafkenche.
Llamado internacional en Nature exige proteger a los defensores del océano: “Debilitar la Ley Lafkenche es debilitar los derechos indígenas sobre el mar”
Un llamado global desde la ciencia
Un artículo publicado en Ocean Sustainability —revista de acceso abierto de Nature Portfolio, el sello editorial del grupo Nature (Springer Nature) —, firmado por más de 100 investigadoras e investigadores, profesionales y defensores del océano de más de 40 países, exige a Estados, empresas y organismos internacionales garantizar la protección de quienes defienden los territorios marino-costeros, consigna una publicación del portal del Observatorio Ciudadano.
Entre los firmantes hay científicas y científicos de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Observatorio Ciudadano. La publicación adquiere especial relevancia en Chile, donde los pueblos indígenas de la Patagonia costera lideran desde hace más de una década la implementación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) , en un escenario de crecientes presiones sobre la Ley Lafkenche.
El contenido del artículo
El texto, titulado “A call to action to support and safeguard ocean defenders” (“Un llamado a la acción para apoyar y resguardar a los defensores del océano”), es un resultado de The Ocean Defender Project y fue elaborado a partir de un taller realizado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) en Niza, en junio de 2025. Su mensaje central es que las comunidades costeras de todo el mundo enfrentan crecientes amenazas ambientales y de derechos humanos derivadas de la expansión de la economía oceánica, y que quienes se movilizan para defender el medioambiente marino sufren con frecuencia represión, intimidación, criminalización y violencia. Frente a ello, el artículo sostiene que la sociedad tiene un deber moral y legal de proteger los derechos humanos y a quienes defienden el océano.
La Patagonia costera como caso emblemático
El artículo reconoce explícitamente los derechos que los pueblos indígenas y los pescadores artesanales poseen sobre el mar: derechos de tenencia y acceso a sus territorios, al resguardo de sus modos de vida y al consentimiento previo, libre e informado.
En la Patagonia costera chilena, comunidades mapuche huilliche y otros pueblos originarios han sostenido este reconocimiento a través de los ECMPO, mecanismo creado por la Ley N.º 20.249. A través de estos espacios, las comunidades buscan que el Estado reconozca formalmente su uso consuetudinario del borde costero y construyen, desde el conocimiento propio y la autodeterminación territorial, modelos de uso y conservación del espacio marino-costero. Este proceso, sostenido durante más de una década, es presentado por los firmantes como un ejemplo concreto de los derechos indígenas que una economía oceánica justa debe proteger.
Un patrón global de amenazas
El artículo documenta que la experiencia de la Patagonia no es un caso aislado, sino parte de una ola global de movilizaciones de comunidades pesqueras, pueblos indígenas y organizaciones costeras que enfrentan amenazas similares en distintos continentes: la expansión de la exploración de petróleo y gas en Argentina, Ghana y Sudáfrica; la presión de la pesca industrial en Senegal y Camerún; el crecimiento de la acuicultura industrial en Chile y la India; y los proyectos de minería submarina en Papúa Nueva Guinea.
Según los autores, en todos estos contextos se repite un mismo patrón: la sobreexplotación y la desregulación producen despojo territorial, criminalización y violencia contra quienes se organizan para proteger sus territorios.
El llamado a seis actores clave
El artículo formula un llamado urgente a seis grupos de actores: Estados y gobiernos, para respetar y garantizar los derechos humanos en la gobernanza del océano; sector privado, para aplicar debida diligencia y tolerancia cero frente a represalias; organizaciones aliadas (academia, sociedad civil, medios), para documentar amenazas y amplificar voces; financiadores del océano, para proveer financiamiento directo y de largo plazo; instituciones de derechos humanos, para reconocer a los defensores del océano como defensores ambientales; y la comunidad internacional de gobernanza oceánica, para incorporar los derechos humanos en todos los acuerdos relativos al océano.
La urgencia en el contexto chileno
Este llamado cobra un significado particular en Chile, marcado por presiones para debilitar la Ley Lafkenche justo cuando las comunidades de la Patagonia avanzan en la consolidación de sus ECMPO. El artículo advierte que “a medida que la economía oceánica se expande y las instituciones democráticas retroceden, es probable que los riesgos para los defensores del océano aumenten”.
Para los investigadores, el caso chileno ilustra esa advertencia: debilitar uno de los pocos marcos legales que reconoce la tenencia marina indígena incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y liderazgos que han sostenido el proceso de los ECMPO durante años. Entre los firmantes chilenos están Francisco Araos (Universidad de Chile), Aurelia Guasch (UC), Wladimir Riquelme y Fernando Pardo Núñez (Observatorio Ciudadano). “Los ECMPO no son solo un instrumento legal: son la expresión de un proceso de organización y de protección de la zona marino costera impulsado por las comunidades indígenas de la Patagonia”, señaló Araos.