La Fiscalía abrió una investigación de oficio por la comunicación entre Hugo Rivera, abogado de Joyvio —dueña de Australis—, y el jefe de criminalística de la PDI, Carlos Rojas. Rojas afirmó que la perito pidió antecedentes que no le enviaron, contradiciendo su informe. La audiencia clave será el 8 de octubre. Reportea reveló el caso.
Reportea: “Fiscalía abre investigación por cartas entre abogado de los dueños de la salmonera Australis y oficial de la PDI”
La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio para indagar la eventual existencia de delitos en las comunicaciones entre Hugo Rivera, abogado de Joyvio —la gigante china que controla la salmonera Australis—, y el jefe nacional de los laboratorios de criminalística de la PDI, Prefecto Inspector Carlos Rojas.
Según reveló Reportea en un reportaje firmado por Nicolás Sepúlveda, el funcionario respondió una carta enviada por Rivera y le entregó información que ahora es utilizada por los abogados de Joyvio para intentar reabrir la causa en que se investigan delitos de estafa y administración desleal contra Isidoro Quiroga, el empresario que les vendió Australis por US$921 millones. El problema, advierte el medio, es que esa información podría ser falsa.
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando Quiroga vendió la salmonera a los chinos. Cuatro años después, Joyvio acusó un sobreprecio en la transacción y presentó una querella. El 28 de agosto se decretó el cierre de la indagatoria y una semana después la fiscalía comunicó la decisión de no perseverar, lo que constituyó un triunfo para Quiroga. Pero los abogados tenían una carta bajo la manga: la tesis de que Joyvio desconocía el esquema de sobreproducción que se ejecutaba en la salmonera. Para fundamentarlo, confiaron en un informe pericial encargado al Laboratorio de Criminalística de la PDI. Sin embargo, la perito Paula Lebuy concluyó el 19 de mayo que no era posible realizar ese cálculo: «Del análisis de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y de las respuestas evacuadas por las entidades oficiadas, fue posible constatar la inexistencia de información objetiva, verificable y suficiente relativa al precio de venta de los productos consultados», señaló en su informe, revisado por Reportea. El 17 de junio insistió en su punto.
Fue entonces cuando Rivera escribió directamente al Prefecto Inspector Rojas. Este le respondió por escrito el 27 de agosto: «La funcionaria a cargo de la labor pericial requirió en su oportunidad los antecedentes objetivos, los que no fueron remitidos». Esa respuesta encendió las alarmas, y la abogada Bárbara Yévenes, del estudio de Jorge Bofill, pidió incorporar la carta a la carpeta. Pero la jugada abrió otro frente: el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó al Fiscal Regional del Ñuble, Rolando Canahuete, para controlar una nueva causa, luego de recibir dos cartas de los abogados de Quiroga que acusan un actuar ilegal del funcionario de la PDI. En las misivas, indican que en el escrito de Rojas se «efectúan afirmaciones contrarias a la realidad y a los antecedentes objetivos que constan en la carpeta investigativa».
Los abogados de Quiroga —entre ellos Cristóbal Eyzaguirre, Juan Domingo Acosta, Alex Van Weezel, Jonatan Valenzuela y Miguel Chaves— también escribieron al director de la PDI, Eduardo Cerna, acusando que Rojas «mantuvo comunicación directa con un abogado querellante, sin la intervención ni conocimiento del Ministerio Público». La PDI respondió a Reportea que la comunicación «se dio en el contexto de una carta reclamo enviada a nuestra institución, respecto a un peritaje contable», derivada a la Jefatura Nacional de Ciencias Forenses. Hugo Rivera no contestó los mensajes del medio. El punto más complejo es que en los informes de Lebuy no se menciona que haya solicitado antecedentes no enviados, como afirma Rojas: la perito señaló otras razones, como «documentación en idiomas distintos al español, planillas sin validación respecto de su origen, integridad o autoría».
La audiencia clave será el 8 de octubre en el Cuarto Juzgado de Garantía, donde los abogados de Joyvio solicitarán la reapertura del caso. El juez deberá resolver si la fiscalía envió o no la información necesaria a la perito. Si no fue así, el enfrentamiento tendrá un nuevo vuelco; de lo contrario, la situación del oficial de la PDI y de Rivera podría complicarse. Reportea recuerda que esta no es la primera polémica del equipo de Australis: su líder, Alberto Eguiguren, fue denunciado por un exejecutivo que afirmó que conoció un fallo reservado de la Corte Suprema, en un caso que menciona a Ángela Vivanco; y Gabriel Zaliasnik, otro abogado del equipo, está imputado en una arista del caso Hermosilla.