Columna de Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar
En columnas anteriores se ha escrito sobre el significado y el proceso de la Ley 20.249, más conocida como ley Lafkenche, promulgada en 2008. Esta legislación surge de un largo proceso de diálogo intercultural con el propósito de reconocer los espacios territoriales del borde costero que históricamente han sido de uso ancestral de los pueblos. La ley busca llenar un vacío legal y es esencial para hacer efectivos los derechos territoriales vinculados al borde costero, conforme a las obligaciones que Chile asumió al ratificar el Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, la ley Lafkenche se ha visto gravemente obstaculizada y entorpecida. Actualmente los tiempos que se viven son como una tormenta, donde la desinformación vuelca las mentes y la corrupción las hace naufragar. Tal como lo hacían nuestros antiguos, hay que buscar refugio, mantener tranquilidad y continuar con vigar remando si es necesario. En mar o en tierra, aplicar el Tariepskia Yenak Atal, estar tranquilos para hacer frente y navegar la tormenta.
Hoy en día los conflictos y la forma en que se manifiesta la tormenta la vemos en patrones de resistencia y hostilidad que amenazan la convivencia armónica en el territorio. Los obstáculos que rodean la aplicación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) se pueden resumir en: la oposición de la industria, las barreras institucionales y la tergiversación de la visión de los pueblos originarios.
Desde el 2024, con más de 80 solicitudes de Ecmpo en tramitación, estas han sido blanco constante de críticas. La industria salmonera, el sector empresarial y parlamentarios afines han impulsado agresivas campañas de desinformación. El argumento central y falaz es que los Ecmpo son un supuesto “freno” al desarrollo e incluso un motor de desempleo en las regiones australes.
Esta estrategia no es nueva, y se ha materializado incluso en intentos legislativos concretos, como la indicación en la Ley de Presupuestos a fines del año pasado, que buscaba paralizar nuevas solicitudes y establecer plazos cortísimos de seis meses para resolver aquellas en curso. Frente a la ausencia de apoyo institucional y la resistencia de las industrias extractivas, el clima de hostilidad ha escalado, generando una preocupante polarización que se intenta inyectar incluso entre los propios pueblos originarios y el sector pesquero artesanal.
El proceso de tramitación de un ECMPO consta de ocho etapas, desde el ingreso de la solicitud ante la Subpesca hasta la firma del convenio de uso. El punto más denso, hermético y sesgado que debe enfrentar cada solicitud es el pronunciamiento de los Comités Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC).
Hemos denunciado que las CRUBC operan como un organismo que filtra las peticiones con un filo racista y cargado de intereses ajenos. Lejos de ser espacios de debate armónico, las decisiones a menudo se toman prácticamente en bloque. Existe un intenso lobby detrás de estas decisiones, con autoridades que se reúnen con el sector salmonero a puertas cerradas.
Para nuestra comunidad Kawésqar, canoera y nómade, cuya cosmovisión histórica se extiende en el vasto territorio desde el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes, la lucha por el maritorio es la lucha por nuestra existencia. Nuestros ancestros navegaban los canales patagónicos (Jáutok) y la costa exterior (Málte), transmitiendo el conocimiento oral sobre el entorno.
Es fundamental comprender que la Ley Lafkenche busca armonizar los usos consuetudinarios con otras actividades desarrolladas en las áreas. Los Kawésqar no pedimos exclusividad ni seremos propietarios de nada. Buscamos el derecho a existir en nuestro maritorio y velar por la protección de los ecosistemas. Las actividades sostenibles —como la pesca artesanal, la navegación o el turismo— son compatibles con la protección que brindan los Ecmpo, siempre y cuando no perturben el equilibrio natural de las aguas.
Fuente original de la publicación: Prensa Austral